COLIMA.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, advirtió que el gobierno municipal mantiene un adeudo de 74 millones de pesos con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), situación que, afirmó, pone en riesgo las finanzas del Ayuntamiento y los derechos laborales de sus trabajadores.
El dirigente sindical señaló que el problema de las aportaciones al sistema de pensiones se ha prolongado durante varias administraciones, sin que se haya logrado una solución definitiva. Por ello, sostuvo que su organización continuará recurriendo a las instancias legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Recordó que existen denuncias penales contra los exalcaldes Leoncio Morán Sánchez y Héctor Insúa García, y aseguró que una de ellas permanece vigente por un monto de 53 millones de pesos. Asimismo, indicó que el sindicato ha solicitado al IPECOL actualizar el monto del adeudo correspondiente a la administración actual, encabezada por Riult Rivera Gutiérrez, a fin de determinar las acciones legales que procedan.
León Alam precisó que la posible configuración de delitos como peculado o desvío de recursos deberá ser determinada por las autoridades competentes, de acuerdo con las investigaciones y los elementos que se integren en los procedimientos correspondientes.
También informó que el sindicato ha acudido a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado para exponer la situación que enfrentan los jubilados, quienes, según afirmó, han recibido sus pagos con retraso. Indicó que la quincena más reciente representó la primera ocasión desde noviembre en que los trabajadores recibieron sus salarios puntualmente.
Ante este panorama, señaló que su organización analiza nuevas medidas jurídicas con sus abogados para proteger los derechos de sus agremiados y evitar que los incumplimientos financieros afecten sus prestaciones, jubilaciones y estabilidad laboral.
Piden transparentar recursos por venta de lotes
Respecto a las versiones sobre la posible venta de lotes municipales para obtener recursos y abonar al adeudo con el IPECOL, el líder sindical aseguró que no ha recibido información oficial sobre los alcances de esa medida ni sobre el destino del dinero que pudiera recaudarse.
Por ello, pidió al Cabildo de Colima informar públicamente sobre las decisiones relacionadas con estos bienes y precisar cómo se aplicarán los recursos obtenidos.
Advirtió que, si el dinero no se destina al cumplimiento de los compromisos financieros, el Ayuntamiento podría enfrentar mayores dificultades económicas, con consecuencias directas para los trabajadores.
Asimismo, cuestionó que las administraciones municipales busquen equilibrar sus finanzas mediante la venta de patrimonio o posibles recortes de personal, sin garantizar primero el cumplimiento de las obligaciones presupuestales y laborales.
El dirigente aclaró que las acciones emprendidas por el sindicato no responden a diferencias personales con el alcalde ni con otros funcionarios, sino a la necesidad de asegurar que los recursos públicos se utilicen conforme a los conceptos autorizados y que las aportaciones patronales sean cubiertas.
Propone convenios formales de pago
Al comparar la situación municipal con la estatal, León Alam destacó que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva cuenta con un fideicomiso acordado con el sindicato para atender los compromisos relacionados con el IPECOL, mecanismo que, según explicó, establece bases para realizar abonos y avanzar en la reducción del adeudo.
En ese sentido, consideró que los ayuntamientos deberían establecer convenios formales con compromisos de pago verificables, que permitan regularizar sus obligaciones sin poner en riesgo las prestaciones de los trabajadores.
Indicó que ha planteado a la Tesorería municipal la necesidad de alcanzar un acuerdo para comenzar a cubrir los pendientes; sin embargo, hasta el momento de la entrevista, dijo no contar con información que confirmara el cumplimiento del compromiso relacionado con los recursos que se obtendrían por la venta de lotes.
Por otra parte, sostuvo que las administraciones encabezadas por Federico Rangel Lozano y Margarita Moreno González cubrieron, según su versión, las obligaciones correspondientes a sus respectivos periodos, por lo que llamó a distinguir entre los adeudos heredados y las aportaciones que cada gobierno debe realizar durante su gestión.
Alertan por posibles afectaciones a trabajadores y servicios públicos
León Alam advirtió que el deterioro financiero de los ayuntamientos puede repercutir tanto en los trabajadores jubilados como en quienes permanecen en activo, debido al riesgo de retrasos en prestaciones, dificultades para cubrir compromisos laborales e incluso posibles despidos como medida para reducir gastos.
Además, consideró necesario revisar la legislación laboral aplicable a los trabajadores del Gobierno del Estado, los ayuntamientos y los organismos descentralizados, particularmente en lo relacionado con las contrataciones de confianza y sus efectos en las finanzas públicas.
Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos municipales y a las organizaciones sindicales para trabajar de manera coordinada, transparentar el manejo de los recursos públicos y garantizar el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.
Insistió en que las autoridades deben priorizar el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas y laborales, antes que sus aspiraciones políticas, pues advirtió que mantener los adeudos podría afectar no solo a la burocracia municipal, sino también a la población que depende de los servicios que presta el Ayuntamiento de Colima.
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