EEUU.- Una acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York señaló a altos funcionarios del gobierno de Venezuela y a líderes de organizaciones criminales internacionales por su presunta participación en una conspiración de varias décadas para introducir toneladas de cocaína a territorio estadounidense, utilizando para ello instituciones del Estado venezolano corrompidas.
«Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales», refiere Attorney General Pamela Bondi, actual fiscal general de los Estados Unidos.
De acuerdo con un documento judicial, Nicolás Maduro Moros fue identificado como el presunto líder de la conspiración, a quien se le atribuyó haber utilizado distintos cargos públicos —incluida la Presidencia— para facilitar el narcotráfico internacional y brindar protección a organizaciones criminales. En la acusación se indicó que el mandatario habría operado desde el aparato gubernamental para garantizar impunidad a los traficantes.
El escrito también incluyó a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y Justicia, a quien se acusó de emplear su influencia política y militar para resguardar cargamentos de cocaína a gran escala y recibir sobornos millonarios. “Cabello habría utilizado su poder para asegurar el paso seguro de la droga y proteger a los responsables”, se señaló en la imputación.
Asimismo, la acusación mencionó a Cilia Adela Flores de Maduro, primera dama de Venezuela, señalada por presuntamente aceptar sobornos para facilitar encuentros entre narcotraficantes y altos funcionarios, además de participar directamente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. En el documento se afirmó que su posición fue utilizada para fortalecer la red criminal.
Entre los acusados también figuró Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, hijo del mandatario venezolano, a quien se le atribuyó el uso de aeronaves vinculadas a PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) para el traslado de paquetes de droga desde la Isla de Margarita. De igual forma, se señaló a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, por presuntamente albergar campamentos de entrenamiento de las FARC y recibir sobornos para impedir extradiciones.
La acusación incluyó además a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como líder del Tren de Aragua, organización criminal que, según el tribunal, habría colaborado con el régimen venezolano proporcionando seguridad armada y logística para el resguardo de cargamentos de cocaína.
El documento judicial sostuvo que los acusados mantuvieron alianzas con organizaciones narco-terroristas internacionales, entre ellas las FARC y el ELN en Colombia, responsables de la producción de cocaína; así como con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas de México, que presuntamente controlaron rutas de tráfico hacia Estados Unidos. En Venezuela, el Tren de Aragua habría sido clave en la protección interna de las operaciones.
Entre los actos específicos de corrupción, la acusación refirió la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes para facilitar el movimiento de dinero y droga en aeronaves privadas bajo inmunidad diplomática. También se mencionó el presunto uso del hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía para cargar cocaína en vuelos comerciales y privados.
El escrito describió además el funcionamiento del llamado “Cártel de los Soles”, una red integrada por altos mandos militares venezolanos que, según la acusación, se habrían enriquecido mediante el tráfico de drogas. A ello se sumaron señalamientos de encubrimiento, violencia, asesinatos, secuestros y detenciones arbitrarias para proteger las operaciones y desviar la atención internacional.
En conclusión, la acusación del tribunal estadounidense sostuvo que Venezuela habría operado como un “puerto seguro” para el narcotráfico global, donde el liderazgo político y militar presuntamente dirigió una empresa criminal transnacional en beneficio propio y de organizaciones criminales extranjeras, según lo expuesto en el documento judicial.
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