COLIMA.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, anunció que fue presentada y ratificada una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, en contra del presidente municipal, Riult Rivera Gutiérrez; la tesorera municipal, María Teresa Pérez Ramírez, y el oficial mayor, Christian Velasco Milanés, por el presunto desvío de 75 millones 289 mil 737 pesos con 85 centavos, correspondientes a recursos destinados a las pensiones de los trabajadores.
Acompañado de trabajadores jubilados y representantes sindicales, el dirigente informó que la denuncia ya cuenta con una carpeta de investigación y que podría ampliarse en los próximos días, debido a que el monto de los recursos presuntamente desviados durante la actual administración municipal podría superar los 85 millones de pesos.
León Alam explicó que esta determinación fue tomada en acuerdo con el Comité Ejecutivo, el Consejo General del sindicato y los trabajadores afectados, luego de múltiples solicitudes de información, requerimientos de pago y reuniones con autoridades municipales que, aseguró, no permitieron resolver el adeudo con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol).
Señaló que la denuncia busca defender los derechos de mil 666 trabajadores, entre jubilados y personal en activo, quienes enfrentan afectaciones por la falta de cumplimiento de las obligaciones patronales del Ayuntamiento.
El dirigente sindical sostuvo que la situación ha llegado a un punto crítico, particularmente para los jubilados, quienes enfrentan incertidumbre sobre el pago oportuno de sus quincenas y dificultades para acceder a préstamos personales e hipotecarios.
«Creemos que es totalmente injusto que nuestros compañeros y compañeras sigan padeciendo, que cada quincena tengan que estar mordiéndose las uñas para saber si les van a pagar o no», expresó.
Explicó que los trabajadores en activo realizan aportaciones de entre el 7 y el 8 por ciento de sus salarios, recursos que deben ser destinados al sistema de pensiones y que, de acuerdo con sus señalamientos, no están siendo enterados conforme a las disposiciones legales.
Asimismo, aseguró que actualmente no existen recursos disponibles en las cuentas correspondientes para garantizar las obligaciones con los jubilados, situación que calificó como una grave irresponsabilidad administrativa.
Sindicato documentó requerimientos desde octubre de 2025
León Alam detalló que el sindicato comenzó a realizar requerimientos formales desde el 22 de octubre de 2025, cuando solicitó a la entonces tesorera municipal, Susana Romero Castrejón, atender los adeudos y cumplir con obligaciones relacionadas con los trabajadores jubilados, incluidos los seguros de vida.

Posteriormente, el 26 de enero de 2026, ya durante la gestión de María Teresa Pérez Ramírez, solicitaron información sobre el monto de la deuda municipal con el Ipecol y un calendario para regularizar los pagos pendientes.
Indicó que el 17 de marzo entregaron personalmente al presidente municipal documentación que acreditaba un adeudo por aportaciones patronales cercano a los 45 millones de pesos, además de reiterar la solicitud de establecer un convenio de pagos.
Sin embargo, afirmó que las autoridades municipales no atendieron los requerimientos ni presentaron una propuesta formal para resolver el problema.
El secretario general recordó que durante septiembre se registraron retrasos en el pago de las quincenas a jubilados, lo que incrementó la inconformidad y preocupación entre los trabajadores.
Aseguró que, pese a sostener diversas reuniones con el oficial mayor, Christian Velasco Milanés, no se alcanzaron acuerdos efectivos, mientras que la tesorera municipal, según denunció, se negó a recibirlos y responder sus oficios.
Deuda histórica en pensiones supera los 230 millones de pesos
El dirigente sindical precisó que la deuda histórica del Ayuntamiento de Colima con el sistema de pensiones supera actualmente los 230 millones de pesos, de los cuales alrededor de 85 millones corresponderían a obligaciones acumuladas durante la administración de Riult Rivera Gutiérrez.
Advirtió que esta situación compromete la estabilidad financiera del sistema de pensiones y pone en riesgo los derechos adquiridos de quienes dedicaron décadas de servicio al municipio.

En ese sentido, insistió en que el objetivo principal de la denuncia no es perseguir políticamente a los funcionarios municipales, sino recuperar los recursos que pertenecen a los trabajadores.
«Nuestro problema no es personal y mucho menos político. Nuestro interés no es el castigo que reciban los funcionarios, es resarcir el recurso que nuestros compañeros trabajadores merecen tener en sus cuentas de Ipecol», puntualizó.
No obstante, señaló que, de acreditarse las irregularidades denunciadas, los servidores públicos involucrados podrían enfrentar las consecuencias legales correspondientes, incluida una posible inhabilitación.
Exigen garantizar aguinaldos y prestaciones de fin de año
Por otra parte, León Alam manifestó su preocupación por la situación financiera del Ayuntamiento, particularmente ante la solicitud de un financiamiento por 45.5 millones de pesos que, según señaló, las autoridades municipales justificaron como una ampliación presupuestal para atender compromisos de fin de año.
Cuestionó que, a unas semanas de concluir el ejercicio fiscal, la administración municipal requiera recursos adicionales para cumplir con obligaciones laborales que deberían estar contempladas desde el inicio del año.
Por ello, exigió al alcalde garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir oportunamente aguinaldos, quincenas y demás prestaciones de trabajadores jubilados, pensionados, sindicalizados, personal de base y supernumerarios.
También solicitó transparentar el destino de los recursos obtenidos mediante presuntas operaciones de venta o remate de terrenos municipales, así como informar si estos ingresos fueron utilizados para cubrir nóminas u otros compromisos financieros del Ayuntamiento.
Finalmente, Héctor Arturo León Alam advirtió que el sindicato analiza la posibilidad de presentar otras dos denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de descuentos y aportaciones de los trabajadores.
Subrayó que, independientemente de que la administración municipal realice posteriormente abonos a la deuda, la investigación penal deberá continuar hasta que las autoridades competentes determinen si existieron responsabilidades.
«Aunque mañana abonaran, esta investigación persiste, porque el delito que se cometió se persigue de oficio», sostuvo.
El dirigente reiteró que el sindicato llegará hasta las últimas consecuencias legales para exigir la recuperación de los recursos y garantizar el respeto al derecho de jubilación de sus agremiados
Derechos Reservados AFmedios
















