CIUDAD GUZMÁN.- Los partidos políticos y coaliciones que participen en las elecciones federales de 2027 deberán postular al menos 54 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales integradas por personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida busca garantizar una mayor participación política de sectores que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder a cargos de representación popular, además de fortalecer el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género.

De las 54 fórmulas contempladas, 34 deberán corresponder a personas indígenas, cuatro a personas afromexicanas, ocho a personas con discapacidad, tres a integrantes de la diversidad sexual y cinco a personas mexicanas migrantes residentes en el extranjero.

Estas disposiciones forman parte de las acciones afirmativas que deberán cumplir los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Mujeres deberán encabezar listas que anteriormente lideraron hombres

El acuerdo también establece medidas específicas para garantizar la paridad de género en las postulaciones a diputaciones federales.

Entre ellas, determina que las fórmulas deberán integrarse por personas del mismo género, aunque se permitirá una integración mixta cuando el propietario sea hombre y la suplente mujer.

Asimismo, cuando un partido registre un número impar de candidaturas, la fórmula adicional deberá corresponder a mujeres.

Otra disposición establece que las listas de diputaciones por el principio de representación proporcional que fueron encabezadas por hombres durante el proceso electoral de 2023-2024 deberán ser encabezadas por mujeres en las elecciones de 2027.

Advierten que las medidas deben ampliarse

Durante la sesión, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan destacó la importancia de mantener las acciones afirmativas como mecanismos para construir una democracia más incluyente y representativa.

Sin embargo, señaló que conservar el mismo número de postulaciones establecido en el proceso electoral anterior resulta insuficiente frente al principio de progresividad de los derechos humanos.

En ese sentido, consideró necesario avanzar gradualmente hacia una mayor representación política de las poblaciones históricamente discriminadas, en lugar de limitarse a mantener los espacios ya establecidos.

Tener representantes no garantiza que se atiendan sus necesidades

Como parte de la evaluación de las acciones afirmativas, el INE presentó resultados de estudios especializados elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México.

Los análisis reconocen que estas medidas han permitido incrementar la presencia de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y mexicanas residentes en el extranjero en el Congreso de la Unión.

No obstante, identifican una problemática que va más allá del acceso a los cargos públicos: la representación numérica no necesariamente se traduce en iniciativas, reformas, presupuestos o decisiones legislativas que atiendan las necesidades de estos sectores.

Esta situación evidencia que uno de los principales desafíos no consiste únicamente en garantizar candidaturas, sino en lograr que quienes accedan a los espacios legislativos impulsen una agenda vinculada con los derechos de las poblaciones que representan.

¿Cuándo deberán registrarse las candidaturas?

El INE estableció que las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones federales podrán presentarse del 22 al 29 de marzo de 2027, mientras que las sesiones especiales para aprobar los registros se realizarán el 3 de abril.

El 26 de marzo será la fecha límite para solicitar ante el Consejo General el registro supletorio de candidaturas de mayoría relativa.

En cuanto a las sustituciones, el 6 de mayo será el último día para presentar renuncias que permitan realizar cambios de candidaturas. A partir del 7 de mayo procederá la cancelación del registro correspondiente en los casos previstos por el acuerdo.

Con estas disposiciones, el organismo electoral busca establecer condiciones de mayor igualdad en la competencia política, aunque los propios estudios presentados ante el Consejo General advierten que todavía existen retos para convertir la inclusión electoral en una representación legislativa efectiva.

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