Jalisco.- La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) fortalece las acciones de orientación en los planteles educativos ante la entrada en vigor de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que regulan el uso de dispositivos electrónicos personales en las escuelas, con el objetivo de promover una convivencia digital responsable y garantizar que la tecnología se utilice en beneficio del aprendizaje.
El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que desde mayo de este año la entidad cuenta con una legislación para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, la cual contempla estrategias para fomentar el uso seguro de la tecnología con la participación de autoridades, familias y comunidades educativas.
“Jalisco ya lo hizo. Es por eso que lo que hoy vamos a presentar es el resultado de este trabajo que hemos venido haciendo junto con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, de la mano de los organismos de padres de familia, con los que nos hemos reunido con frecuencia para hacer un excelente binomio”, señaló Flores Miramontes.
La legislación establece cuatro ejes de acción: garantizar el acceso seguro a internet, impulsar políticas públicas para proteger a menores de contenidos inadecuados, promover su autonomía progresiva mediante el acompañamiento familiar y escolar, y fortalecer la corresponsabilidad institucional.
Además, se creó el Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, presidido por el gobernador Pablo Lemus Navarro e integrado por autoridades, organizaciones civiles y escuelas privadas.
De acuerdo con los lineamientos de la SEP, en educación básica se restringirá el uso de dispositivos personales durante toda la jornada escolar, incluidos los recesos y cambios de actividad, con excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y necesidades específicas del alumnado.
En educación media superior, cada plantel establecerá sus propias reglas. Para apoyar su aplicación, la SEJ elaboró dos documentos de orientación, uno para cada nivel educativo, que permitirán a las comunidades escolares establecer acuerdos sobre el uso de estos equipos, su resguardo y las medidas de atención a estudiantes, sin discriminación ni revisiones de dispositivos o cuentas privadas.
También se privilegiarán medidas formativas ante posibles incumplimientos.
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