Guadalajara, Jalisco.– La Secretaría de Seguridad de Jalisco mantiene investigaciones sobre la actuación policial durante la manifestación del pasado 11 de octubre y analiza posibles sanciones contra elementos que participaron en el operativo, en el que se utilizó agua y gas lacrimógeno contra manifestantes.
Durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad estatal, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, informó que ya se cuenta con declaraciones de policías y mandos relacionados con los hechos. Precisó que hay tres mandos involucrados y que la Comisión de Honor y Justicia podría sesionar la próxima semana para determinar las primeras sanciones.
El funcionario señaló que él supervisó parte de las actuaciones policiales en el costado de Montreal y afirmó que existe evidencia de lo ocurrido en el costado de Rubén Darío.
Sin embargo, no identificó públicamente a la persona que estuvo a cargo del operativo ni a quien habría ordenado utilizar agua y gas lacrimógeno contra los participantes en la protesta.
Por su parte, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, sostuvo que la información sobre quién ordenó el uso de estos recursos forma parte de las investigaciones y que su difusión podría poner en riesgo a los funcionarios involucrados.
En la misma conferencia, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, respondió a cuestionamientos sobre los señalamientos de abogados de personas detenidas, quienes denunciaron presuntas irregularidades en la integración de las investigaciones, inconsistencias en fotografías y partes médicos, así como posibles actos de tortura.
El fiscal rechazó que las investigaciones se construyan con información inventada y explicó que la Fiscalía se basa en los informes policiales homologados y en los partes médicos de lesiones elaborados a las personas detenidas. Añadió que algunos detenidos fueron trasladados a servicios médicos para una revisión más profunda.
González de los Santos indicó que, dentro del plazo legal de 48 horas, el Ministerio Público determinó la situación jurídica de las personas presentadas ante la autoridad. La mayoría quedó en libertad por decisión ministerial, mientras que otras fueron puestas a disposición de un juez. Según su explicación, la mayoría de quienes llegaron ante el juez fueron vinculados a proceso, mientras que uno obtuvo su libertad.
Sobre las denuncias relacionadas con la actuación policial, el fiscal señaló que las posibles responsabilidades deberán establecerse conforme avancen las investigaciones y se determinen los hechos.
Durante la sesión también se preguntó por el número de expedientes remitidos al área de Visitaduría de la Fiscalía. En la respuesta se mencionaron 14, aunque no se precisó en la conferencia el desglose completo de las carpetas.
Las autoridades no dieron a conocer en esta rueda de prensa una conclusión definitiva sobre las denuncias de presuntos abusos ni identificaron a quien habría ordenado el uso de agua y gas lacrimógeno. Las investigaciones continúan abiertas.
