Jalisco.- El Congreso del Estado de Jalisco aprobó, tras una segunda lectura en sesión del Pleno, el dictamen de decreto que crea la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, impulsada por la diputada Mónica Magaña.
La nueva legislación establece mecanismos de prevención, atención y protección, además de fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales para detectar y atender casos de reclutamiento forzado de menores.
“Hoy hemos aprobado en el Congreso de Jalisco una ley única a nivel nacional.
Hablamos de la Ley para la Prevención y la Erradicación del Reclutamiento Forzado en Jalisco”, señaló la legisladora.
La normativa contempla la creación de un sistema institucional para generar información e indicadores que permitan dimensionar el fenómeno e identificar zonas de riesgo, con el objetivo de focalizar las acciones de prevención y atención.
También establece herramientas para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o hayan sido víctimas.
“Hablamos de un esfuerzo interinstitucional para que toda la sociedad, toda la comunidad, para que los gobiernos municipales, los 125 de Jalisco, para que el Gobierno del Estado y, por supuesto, todas las fuerzas políticas de este estado nos unamos”, expresó Magaña.
La legislación también contempla refugios temporales especializados, atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como medidas de acompañamiento y reinserción social para las víctimas.
La diputada subrayó que la atención no debe concluir con el rescate de un menor, sino que debe incluir seguimiento especializado, particularmente cuando el entorno familiar pueda representar un factor de riesgo.
La propuesta fue construida durante más de diez meses mediante análisis técnico y diálogo con autoridades, especialistas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos UNICEF México, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, SIPINNA, representantes del Poder Judicial y organizaciones civiles.
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