COLIMA.- Algunos municipios del estado registran apenas alrededor de 20 puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) durante todo un año y solamente tres o cuatro ante la Fiscalía General de la República (FGR), cifras que muestran la necesidad de fortalecer el trabajo preventivo y operativo de las policías municipales, señaló el fiscal general Bryant Alejandro García Ramírez.
El titular de la FGE sostuvo que la seguridad y procuración de justicia requieren la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, debido a que la Fiscalía no puede asumir por sí sola todas las funciones relacionadas con la prevención, detención e investigación de los delitos.
Explicó que las policías municipales tienen responsabilidades constitucionales relacionadas con prevención, patrullaje y actuación como primeros respondientes, además de realizar detenciones cuando se cometen delitos en flagrancia.
La investigación corresponde principalmente a la Fiscalía, aunque García Ramírez señaló que se han firmado convenios mediante los cuales se otorgaron determinadas facultades de investigación a otras corporaciones.
Mencionó el caso de Villa de Álvarez, donde la Policía Municipal recibió facultades para investigar delitos de robo y violencia intrafamiliar, mientras que a la Policía Estatal se le concedieron atribuciones más amplias para participar en investigaciones.
El fiscal señaló que recientemente han sostenido reuniones con presidentas y presidentes municipales en las que se han revisado sus cifras de detenciones.
Sin mencionar ayuntamientos específicos, aseguró que existen municipios cuyos números son particularmente bajos, al registrar durante un año alrededor de 20 puestas a disposición ante la Fiscalía estatal y apenas tres o cuatro ante la autoridad federal.
Consideró que estas cifras deben llevar a una revisión de la manera en que cada autoridad está ejerciendo las atribuciones que le corresponden.
García Ramírez reconoció que las limitaciones presupuestales afectan a todas las instituciones, pero sostuvo que también existe un componente de voluntad y decisión para orientar los recursos disponibles hacia seguridad.
En este contexto, se refirió a los recursos federales que reciben los ayuntamientos mediante fondos como el Fortamun y cuestionó que, en algunos casos, no se reflejen suficientemente en adquisición de patrullas, armamento, equipo táctico o tecnología.
El fiscal contrastó esta situación con las inversiones realizadas por la FGE en equipamiento especializado.
Señaló que cinco de los siete laboratorios de servicios periciales de la Fiscalía cuentan con certificación internacional y que mantener las capacidades tecnológicas necesarias representa inversiones millonarias.
Equipos especializados para genética, por ejemplo, pueden representar costos de entre 10 y 15 millones de pesos, mientras que instrumentos utilizados en balística y sistemas tecnológicos para labores de inteligencia también requieren varios millones de pesos.
Para García Ramírez, el combate a la delincuencia comienza desde las funciones preventivas de las corporaciones municipales y debe continuar con las labores estatales y federales.
“Si no estamos inmersos todos”, advirtió, será complicado mejorar los resultados en materia de seguridad y procuración de justicia.
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