LA VIEJA TRADICIÓN DE LA CENSURA
Por: Noé GUERRA PIMENTEL
El Estado mexicano nació con una obsesión congénita por amordazar las voces críticas, una pulsión autoritaria que hoy rebrota con los polémicos “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Aunque el gobierno de Sheinbaum defienda la consulta de este proyecto argumentando fines democratizadores, dotar a una oficina administrativa de la facultad de catalogar qué noticia es «falsa», «veraz» o «descontextualizada» asoma el rostro de un arbitrario juez lingüístico.
Al revisar la historia patria desde 1824, resulta evidente que ésta llamada «defensa ciudadana» es la metamorfosis contemporánea del mismo cepo represivo que los presidentes han arrastrado durante dos siglos. Este laberinto punitivo viene con el nacimiento mismo de nuestro Estado-Nación, allá del primer cuarto del siglo XIX, con la primera arquitectura republicana, cuando esta nacía prometiendo libertades, pero el caudillismo inauguró una maquinaria implacable de mordaza editorial. Antonio López de Santa Anna perfeccionó el asalto a la imprenta.
Su infame Ley Lares (1853), no requería sutilezas: impuso restricciones severas, fianzas prohibitivas por publicar y encarceló (y asesinó) a periodistas bajo el pretexto de “salvaguardar el orden público”. El tirano determinaba la verdad, obligando a la prensa a reproducir solo la narrativa oficial. Juárez no fue mejor, el Nigromante da fiel testimonio de los afanes silenciadores del Liberal. A finales de esa centuria, Porfirio Díaz refinó el método sustituyendo lo burdo por el sometimiento económico. Mediante el subsidio selectivo -el «embute» original- y la asfixia fiscal a diarios opositores, el régimen levantó una fachada de modernidad sobre un cementerio de diarios libres. Quien no se alineaba al progreso oficialista pagaba el desacato en las mazmorras de Ulúa.
El monopolio del siglo XX: el control invisible de la llamada Revolución que, para no variar, también prometió sepultar el autoritarismo, pero el presidencialismo nacionalizó y sofisticó el control. Desde Cárdenas hasta la mano dura de Gustavo Díaz Ordaz y más acá, el recurso más letal del Estado no fue la prohibición legal, sino el monopolio material. A través de la paraestatal Productora e Importadora de Papel (PIPSA), el Ejecutivo decidía qué diario recibía papel. Un reportaje, un artículo o una fotografía incómodos bastaban para que PIPSA “retrasara” los cargamentos de papel, quebrando financieramente al medio. Cuando el suministro del papel se diversificó, los mandatarios utilizaron la asignación discrecional de la publicidad oficial para someter líneas editoriales, inaugurando la cínica máxima de José López Portillo: «No pago para que me peguen».
El siglo XXI llegó con lo que se da en llamar el neocensurismo administrativo; hoy, cuando los instrumentos tradicionales como el monopolio del papel ya son inviables, el poder muta hacia la burocratización del lenguaje. El proyecto impulsado por la presidencia, después de otras medidas que han implementado, revive el espíritu de la Ley Lares bajo otra máscara. Atribuir a burócratas la potestad de juzgar si la información que se transmite por radio o televisión es «descontextualizada» abre una peligrosa brecha hacia la arbitrariedad de Estado, violentando garantías que la SCJN y el artículo 7° constitucional otorgan al prohibir categóricamente la censura previa.
De materializarse estas normativas, los medios enfrentarán el dilema de la autocensura ante el temor de multas dictadas desde la ventanilla oficial. Quienes redactaron la “consulta” hasta el 21 de agosto, insisten en que buscan empoderar a la sociedad frente a las mentiras mediáticas. No obstante, la historia de México da fe que cuando un gobernante se postula para decidir qué es verdad, lo que realmente busca construir es el monopolio del discurso público. La mal llamada Ley de Derechos de las Audiencias, no es el mañana de la comunicación democrática; es el eco rancio del autoritarismo que se resiste a morir y que, ahora sí, sin contrapesos, inauguraría la implantación del autoritarismo.
