México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que deja sin efecto el cobro de más de 5 mil 810 millones de pesos por créditos fiscales y ordena recalcular la deuda acumulada desde 2009.
El proyecto, impulsado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, fue aprobado por mayoría de seis votos y se refiere a adeudos por predial, nómina y agua determinados por el gobierno de la Ciudad de México entre 2009 y 2013.
Sin embargo, la resolución ha generado una fuerte controversia debido a que la ministra ponente es hermana del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, lo que ha detonado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
De acuerdo con el Artículo 51 de la Ley de Amparo, los ministros deben excusarse de conocer un asunto cuando tengan parentesco con alguna de las partes o cuando exista interés personal en el caso.
En particular, la norma señala como causa de impedimento el vínculo familiar en línea directa o dentro de ciertos grados en línea colateral, así como cualquier interés directo o indirecto.
Pese a ello, Batres Guadarrama no se declaró impedida y sostuvo su proyecto en el pleno.
Previo a la votación, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó retirar el asunto para revisar información adicional, pero la propuesta fue rechazada por la ministra, quien argumentó que el caso llevaba meses en análisis y debía resolverse.
En el fondo, el proyecto sostiene que los inmuebles del ISSSTE forman parte del dominio público, por lo que estarían exentos del pago de impuestos locales, y que correspondía a la autoridad fiscal probar lo contrario.
Además, advierte que el cobro representaría un impacto significativo en las finanzas del instituto, comprometiendo servicios médicos, pensiones y prestaciones.
Aunque el fallo no cancela definitivamente la deuda, sí obliga a recalcularla bajo nuevos criterios. No obstante, el debate público se ha desplazado del aspecto fiscal al terreno legal y ético, centrado en si se respetaron o no las reglas de imparcialidad judicial establecidas en la ley.
