Jalisco.- Ante las afectaciones económicas y sociales provocadas por los hechos del 22 de febrero, la diputada de Movimiento Ciudadano del Congreso de Jalisco, Gabriela Cárdenas Rodríguez impulsa una ruta de atención que articula el uso responsable de recursos estatales existentes, la posible ampliación de fondos y la participación de los municipios para aliviar la carga financiera de las familias y negocios afectados.
Los incidentes, registrados el domingo 22 de febrero, provocaron hechos violentos, bloqueos carreteros y la activación de un Código Rojo en la entidad, lo que derivó en la suspensión de actividades económicas, educativas y comerciales durante el lunes y parte del martes, con afectaciones a la movilidad y al funcionamiento cotidiano en distintas regiones del estado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco presentó dos iniciativas orientadas a fortalecer la respuesta institucional con un enfoque de reactivación económica y protección al ingreso familiar. Se trata de un exhorto dirigido a las secretarías de Desarrollo Económico(SEDECO) y de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Ejecutivo Estatal y otro destinado a todos los gobiernos municipales de la entidad.
El planteamiento contempla el fortalecimiento de apoyos a víctimas, el impulso a la recuperación de micro y pequeñas empresas y un exhorto a los ayuntamientos para que otorguen incentivos fiscales locales a quienes sufrieron pérdidas en su patrimonio, vivienda o actividad comercial. En el caso de SEDECO se le invita a que, previamente, evalúe las pérdidas derivadas de la contingencia.
Debido al carácter urgente de la situación, ambas propuestas fueron presentadas a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, con el propósito de acelerar su trámite sin esperar a la siguiente sesión ordinaria.
La legisladora explicó que el estado ya cuenta con recursos que podrían canalizarse para atender la situación, en coordinación con el Ejecutivo y con base en la evaluación de los daños. “Este fondo ya cuenta con recursos, estamos esperando a que desde la parte ejecutiva se emprenda la cuantificación de los daños”, señaló.
Actualmente, el Presupuesto de Egresos contempla el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas, con una bolsa de 114 millones de pesos, de los cuales 51 millones están destinados a la atención directa a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos.
No obstante, Cárdenas planteó que, una vez dimensionado el impacto, el Congreso podría analizar ajustes adicionales. “En la Comisión de Hacienda deberemos analizar alguna propuesta para incrementar este fondo, habría que cuantificar los daños y reflexionar si es necesario hacer otro fondo con recursos adicionales para poder atender y acompañar a las familias”, adelantó.
La diputada reelecta del partido Movimiento Ciudadano subrayó que el impacto económico no se limita a daños materiales, sino que está afectando el ingreso cotidiano de miles de ciudadanos.
“Todas las personas que están perdiendo recursos porque no pueden salir a trabajar, porque perdieron su sustento, tuvieron pérdidas en sus comercios, en sus micro y pequeñas empresas… también a ellos habría que acompañarlos desde la visión de la reactivación económica”, afirmó.
Como parte de esta estrategia, indicó que también podría activarse el Fideicomiso de Desarrollo Económico creado durante la pandemia, que actualmente dispone de entre 90 y 100 millones de pesos, mediante una convocatoria específica para negocios afectados.
En paralelo, la legisladora presentó una segunda iniciativa para exhortar a los 125 municipios del estado a analizar, en el ejercicio de su autonomía hacendaria, modificaciones a sus Leyes de Ingresos que permitan establecer descuentos, condonaciones, prórrogas o incentivos en contribuciones municipales para las personas afectadas.
El objetivo es reducir la presión financiera inmediata sobre comercios y hogares mientras se restablecen las condiciones de actividad económica en las regiones impactadas.
