Jalisco.- Con el objetivo de garantizar la procuración de justicia para las mujeres en Jalisco, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la judicialización de 116 carpetas de investigación relacionadas con agresiones por razón de género en el estado.
Como resultado de las diligencias de investigación inicial, personal especializado formalizó la judicialización y puesta a disposición de 117 sujetos ante un Juez de Control.
Las acciones derivaron en 21 detenciones por orden de aprehensión, cuatro en flagrancia, 91 presentaciones vía citatorio y una reposición de procedimiento.
Del total de casos, 101 corresponden a violencia familiar, seis a feminicidio, dos al delito de violación, dos a abuso sexual y tres por delitos contra la dignidad de las personas, así como tres por lesiones.
La incidencia delictiva se registró en los municipios de Amatitán, Ameca, Arandas, El Arenal, La Barca, Mezquitic, Sayula, El Grullo y Chapala, con un caso cada uno.
En Ocotlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Colotlán se documentaron dos casos respectivamente; en Autlán de Navarro, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, tres incidencias por municipio.
En Tonalá se reportaron cuatro casos, mientras que en Cihuatlán y Tepatitlán de Morelos se registraron cinco en cada uno.
En la Zona Metropolitana, Guadalajara concentró 26 asuntos, seguida de Tlajomulco de Zúñiga con 18, Zapopan con 12, Puerto Vallarta con 11 y San Pedro Tlaquepaque con 10.
Derivado de los datos de prueba recabados, las 117 personas fueron vinculadas a proceso y se dictaron medidas cautelares. A 18 individuos se les impuso prisión preventiva, mientras que a 44 se les decretaron medidas cautelares diversas, como restricciones de acercamiento a las víctimas o a determinados lugares, firma periódica ante la autoridad jurisdiccional y vigilancia institucional.
En dos casos, el juzgador determinó no imponer medidas cautelares.
Asimismo, en 53 casos se autorizó la suspensión condicional del proceso, como salida alterna prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este mecanismo permite la suspensión del procedimiento penal, condicionada al cumplimiento de un plan de reparación del daño y a medidas de control, con el fin de garantizar una solución pronta, eficaz y reparadora para las víctimas.
