APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Hay frases que, por sí solas, encienden todas las alarmas democráticas. No porque sean nuevas, sino porque cargan un eco peligroso. “Hay que bajarle a la nota roja”, dijo Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras presentaba cifras oficiales que —según su versión— muestran una disminución del delito.
El problema no son las cifras. El problema es la pretensión. Sin embargo, la misma solicitud contradice la cifras de una aparente disminución en la criminalidad. Si fuera real, no habría necesidad de pedir bajarle a la nota roja, pues lo medios de comunicación no podemos inventar muertos o hechos delictivos.
Cuando un gobernante sugiere a los medios qué cubrir y cómo hacerlo, no está haciendo un comentario inocente sobre narrativa: está intentando administrar la realidad. Y eso, en cualquier democracia que se respete, debería incomodar a todos. Incluso —o sobre todo— a quienes simpatizan con el proyecto en el poder.
La nota roja no es un género cómodo para los periodistas y más en México. Es incómodo, crudo, a veces brutal. Pero existe por una razón elemental: la violencia existe. Los homicidios no se diluyen porque un funcionario diga que hay avances. Las extorsiones no desaparecen porque se presenten gráficas. Los ciudadanos no dejan de tener miedo porque el gobierno lo considere “excesivo”.
Pedirle a los medios que “le bajen” no es una invitación al periodismo responsable. Es una tentación autoritaria: la de sustituir el derecho a informar por el deseo de controlar la percepción.
Lo más inquietante es el contexto. La propia Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reconoce un repunte en la percepción de inseguridad en la entidad que gobierna Brugada. Más de un tercio de los capitalinos reporta conflictos, enfrentamientos, violencia cotidiana. ¿De verdad el problema es que se informe demasiado? ¿O que la realidad ya no cabe en el discurso oficial?
Esto mismo -la percepción de inseguridad- ocurre en Colima, mientras se ofrecen cifras oficiales que podrían parecer un aliento dentro de la crisis, la realidad que enfrentan los ciudadanos dicta otra idea del problema.
Hay un error recurrente en los gobiernos que se sienten moralmente superiores: confundir crítica con ataque, información con sabotaje, periodismo con conspiración. La Cuarta Transformación lo ha hecho antes. Lo hizo cuando Felipe Calderón intentó acuerdos informales para reducir la cobertura de violencia, y lo criticó con dureza. Hoy, el espejo devuelve una imagen incómoda.
Porque no se trata solo de Clara Brugada. Se trata del precedente. Cuando desde el poder se señala a la prensa como responsable del miedo social, el mensaje es claro: el problema no es la violencia, sino quien la cuenta.
Y eso es peligrosísimo para el país, para la prensa y para la democracia.
La libertad de prensa no existe para contar solamente historias bonitas. Existe para narrar lo que duele, lo que indigna, lo que incomoda al poder y la realidad. El derecho a estar informado no es un favor del gobierno: es una garantía Constitucional. Y el periodismo no es un departamento de comunicación social ampliado.
Si hay avances reales en seguridad, que se sostengan frente a la lupa crítica. Si hay retrocesos, que se digan. Si hay matices, que se expliquen. Lo que no puede aceptarse es la normalización del silencio como política pública.
Hoy se pide “bajarle” a la nota roja. Mañana se pedirá “equilibrar” las cifras. Pasado mañana, “no exagerar”. Y al final, lo único que se habrá reducido no será la violencia, sino la verdad y el derecho a informar y estar informado. Entendámoslo desde ahora y para nuestro futuro, cuando ‘la verdad’ se dicta desde el poder, la democracia empieza a caminar sobre vidrio roto.
