Jalisco.— El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, pidió públicamente al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, que explique a la sociedad su pasado penal, luego de que se revelara que fue sentenciado por delitos de robo calificado y delincuencia organizada a principios de los años 2000.
El señalamiento del mandatario estatal surge tras una investigación periodística que documentó que el legislador, actual presidente de la fracción parlamentaria del PT en el Congreso de Jalisco, omitió informar durante su campaña y al asumir el cargo que cumplió una condena penal por encabezar una banda dedicada al asalto de camiones repartidores.
“Yo solicitaría que el propio diputado explique a la ciudadanía qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo a transporte, por qué nunca lo dijo, por qué nunca lo transparentó y por qué tuvo que ser una investigación periodística la que revelara el pasado de esta persona”, declaró Lemus Navarro.
El gobernador anunció además que promoverá ante legisladores federales la inclusión de un artículo en la próxima reforma electoral para que todo aspirante a un cargo público esté obligado a presentar carta de no antecedentes penales y sea investigado antes de registrarse ante los institutos electorales o asumir funciones.
Horas después, el Partido del Trabajo en Jalisco confirmó la existencia de los antecedentes penales del diputado. En conferencia de prensa realizada en el Congreso del Estado, el dirigente estatal del PT y diputado federal, José Luis Sánchez González, sostuvo que los hechos ocurrieron hace 21 años, que la condena fue cumplida y que los delitos ya prescribieron legalmente.
“Fueron hechos reales que ocurrieron hace 21 años, sobre los cuales pesó una condena que se cumplió cabalmente. No existe razón legal para impedir su registro ni su permanencia como diputado”, afirmó.
El dirigente petista argumentó que la Constitución de Jalisco y el Código Electoral y de Participación Ciudadana únicamente impiden contender a personas con sentencias vigentes por delitos como violencia política contra las mujeres, abuso sexual, violación o por ser deudores alimentarios morosos, supuestos que —dijo— no aplican en este caso.
Los antecedentes
De acuerdo con documentos judiciales, Leonardo Almaguer Castañeda fue detenido el 4 de septiembre de 2004 junto con otros cuatro sujetos, tras asaltar un camión repartidor de cerveza, amagando al conductor con un arma de fuego. El 13 de septiembre de ese año, el Juez Tercero de lo Criminal dictó auto de formal prisión.
En 2006 fue sentenciado a ocho años de prisión; sin embargo, en 2007 solicitó la suspensión del proceso y logró conmutar la pena conforme a la ley de ejecución de penas vigente en ese momento, recuperando su libertad tras el pago de 10 mil pesos.
La entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco lo vinculó con al menos nueve atracos similares para el robo de mercancía. Pese a ello, durante el pasado proceso electoral se registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) como candidato por el Distrito 13, obteniendo una curul por la vía de representación proporcional.
El propio Almaguer Castañeda anunció que en las próximas horas ofrecerá una explicación pública sobre los hechos y su estancia en el reclusorio preventivo de Puente Grande.
Tras conocerse el historial delictivo, las bancadas de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo y exigieron la renuncia del diputado.
El PRI señaló que no acompañará que “un personaje con señalamientos de índole delictiva ocupe una posición de responsabilidad pública y de coordinación parlamentaria sin una explicación clara”.
El PAN acusó que el caso evidencia una pérdida de límites éticos en la coalición gobernante: “El caso de Leonardo Almaguer se suma a una cadena de personajes que demuestra que la 4T parece más preocupada por ganar elecciones que por defender la legalidad y la democracia”.
Movimiento Ciudadano, por su parte, advirtió que un perfil con un pasado “turbio” genera desconfianza y miedo en la sociedad, y exigió al Congreso local y a la Fiscalía de Jalisco una revisión exhaustiva de los antecedentes para determinar si procede la separación inmediata del cargo.
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