México.- A poco más de cuatro meses de haber asumido funciones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenaron camionetas y blindadas, pese a haber llegado al cargo prometiendo no hacer lo mismo y someterse a la austeridad, contención del gasto y recorte de lujos en el Poder Judicial.

El máximo tribunal confirmó la compra de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, una para cada ministro, bajo el argumento de que las unidades heredadas de la administración anterior eran obsoletas y ya no cumplían con los estándares de seguridad requeridos para la función que desempeñan.

La adquisición se dio luego de que usuarios en redes sociales difundieran imágenes de la llegada de los nuevos vehículos a la sede de la Corte, lo que obligó al tribunal a emitir un comunicado justificando la decisión.

Según la SCJN, la compra contó con opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que mantener las unidades anteriores comprometía la seguridad institucional.

De acuerdo con la información oficial, cada camioneta tiene un precio que oscila entre 1 millón 69 mil y 1 millón 777 mil pesos, sin que se haya detallado el costo total del blindaje, ni el monto final de la operación. La Suprema Corte no reveló el gasto total de la compra.

El tribunal sostuvo que la renovación se realizó conforme al Acuerdo General de Administración de 2019, el cual establece que los vehículos asignados a funciones de seguridad deben renovarse cada cuatro años o antes, cuando sus condiciones ya no sean seguras.

Asimismo, afirmó que para no incrementar el gasto, la compra se hizo de manera simultánea a la venta de un parque vehicular mayor al adquirido.

Pese a estas explicaciones, la decisión contrasta con el mensaje de austeridad que acompañó la llegada de los nuevos ministros, y que incluso fue uno de los argumentos para promover y realizar una elección del poder judicial para eliminar la corrupción y el dispendio de los recursos públicos en lujos innecesarios.

Esto reaviva el debate sobre el uso de recursos públicos en lujos y privilegios, especialmente en un contexto de restricciones presupuestales y exigencias ciudadanas de mayor congruencia en el ejercicio del poder.

En pocas palabras hacen lo mismo que tanto criticaron.

Derechos Reservados AF