CDMX.- El Diálogo Nacional por la Paz hizo un llamado amplio a la ciudadanía y a los tres niveles de gobierno para enfrentar la grave crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país. A través de dos comunicados difundidos el 10 y el 23 de noviembre de 2025, este movimiento advirtió que México vive un momento crítico, marcado por extorsiones, asesinatos, impunidad y regiones enteras dominadas por la delincuencia, lo que ha provocado un creciente cansancio social.
En el primer documento, el organismo expresó que se observa “un despertar de la ciudadanía cansada de las extorsiones y la inseguridad que domina grandes regiones del territorio nacional”.
Frente a ello, convocó a realizar el domingo 23 de noviembre diversas actividades comunitarias por la paz, como caminatas, conversatorios, jornadas de oración, encuentros familiares y acciones públicas en plazas principales del país, impulsadas en conjunto con la Dimensión Episcopal para los Laicos.
El Diálogo Nacional por la Paz pidió también que estas acciones sirvan para recordar las siete tareas que deben asumir los gobiernos y las 14 responsabilidades que corresponden a la sociedad para construir un México en paz.
Llamado del 23 de noviembre
En su segundo posicionamiento, el organismo señaló que el país se encuentra “atravesado por la violencia” y que la inseguridad actual está alimentada por “la impunidad, la corrupción y la complicidad”. Reiteró que la construcción de la paz debe ir más allá de coyunturas y polarizaciones, y sostuvo que cualquier esfuerzo serio debe colocar en el centro a las víctimas y a las juventudes que buscan un futuro posible.
El movimiento dijo que busca “una paz que reconozca las violencias estructurales que nos inundan” y que permita que alzar la voz no sea un acto de valentía.
Asimismo, rechazó cualquier tipo de violencia e insistió en que solo con la acción conjunta de instituciones y ciudadanía será posible recuperar las condiciones para vivir sin miedo.
Siete acciones que debe asumir el gobierno
El Diálogo Nacional por la Paz recordó las propuestas dirigidas al Estado mexicano, presentadas como una hoja de ruta mínima para avanzar hacia la paz:
- Implementar políticas de cuidados con enfoque de derechos humanos y género, priorizando a la niñez y juventudes.
- Fortalecer a las policías municipales y articularlas con el sistema de justicia, permitiendo la retirada gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública.
- Renovar los sistemas de procuración e impartición de justicia con autonomía y capacidad real de investigación.
- Reformar de fondo el sistema penitenciario, retomando el control de las prisiones y combatiendo corrupción y extorsión.
- Desarrollar una estrategia nacional para adolescencias, con participación social y presupuesto específico.
- Impulsar una gobernanza democrática que proteja a los municipios de economías criminales.
- Atender la crisis de derechos humanos, enfocándose en desapariciones, violencia contra mujeres, personas en movilidad y autonomía indígena.
Catorce acciones para la sociedad civil
En paralelo, el movimiento subrayó que la construcción de la paz no depende solo del Estado. Las comunidades, familias y organizaciones deben impulsar procesos locales mediante las siguientes acciones:
- Acompañar a las víctimas de la violencia.
- Crear espacios de diálogo para construir paz.
- Promover la salud mental en familias y comunidades.
- Fomentar en las escuelas una educación para la paz.
- Recuperar el espacio público y la organización comunitaria.
- Impulsar acuerdos laborales que mejoren calidad de vida.
- Construir comunidades basadas en el cuidado y corresponsabilidad.
- Fortalecer la hospitalidad hacia migrantes, refugiados y desplazados.
- Promover programas de prevención y atención de adicciones.
- Impulsar acciones de cuidado ambiental.
- Fomentar la participación ciudadana en políticas de seguridad.
- Promover la justicia restaurativa y la mediación en ámbitos comunitarios.
- Reconocer y dignificar a las policías municipales y comunitarias.
- Exigir transparencia y rendición de cuentas de autoridades locales.
Qué es el Diálogo Nacional por la Paz
El Diálogo Nacional por la Paz es un movimiento plural integrado por personas, instituciones y comunidades que trabajan para fortalecer el tejido social y mejorar la seguridad y la justicia en México. Su propósito es dialogar, articular y transformar realidades locales para construir paz desde la participación comunitaria y la corresponsabilidad institucional.
El proceso comenzó en 2022, tras los asesinatos del guía de turistas Pedro Palma y de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara. A partir de ello se formó el Núcleo por la Paz, integrado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de México (CIRM), la Dimensión Episcopal para los Laicos (DELAI) y los Jesuitas de México.
En 2023 se desarrollaron conversatorios y foros en los que participaron más de 20 mil personas y 1,600 instituciones, dando origen a la Agenda Nacional de Paz. En 2024 se implementaron acciones locales y se lograron más de 199 compromisos firmados por candidaturas municipales, estatales y federales. Para 2025, el movimiento avanzó hacia la elaboración de guías locales, diálogo con autoridades y la creación de Empresas por la Paz.
El organismo concluyó señalando que “somos paz, seremos más” e insistió en que el país necesita una ciudadanía articulada y gobiernos responsables para que México deje de ser un territorio marcado por el miedo y se convierta en un país donde la vida y la dignidad sean plenamente reconocidas.
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