JALISCO.- Empresarios, ejidatarios, compradores y abogados denunciaron la existencia de una presunta red de corrupción dentro del Gobierno del Estado y del Poder Judicial de Nayarit, mediante la cual —aseguran— se han cometido despojos de tierras.
El abogado Cristian González Puig afirmó que representa al defensor jalisciense Joel Marín García, quien se encontraba litigando diversos casos relacionados con procedimientos de expropiación en favor de un empresario de Jalisco. Según explicó, Marín fue detenido por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pese a que este tipo de asuntos corresponde a la competencia federal y no a un juez local, como ocurre actualmente.
González Puig señaló que este caso forma parte de un “entramado” dentro del sistema de procuración de justicia, utilizado —dijo— para intimidar, extorsionar y despojar a particulares de sus propiedades. Añadió que, en esta ocasión, la acción se dirigió contra un abogado para “doblegarlo” y enviar un mensaje a la población: “Si te defiendes, te atoramos directamente” dijo.
Este esquema habría operado a través del denominado Plan Nayarit, bajo el cual la Fiscalía estatal aseguró predios, así como viviendas en diversos fraccionamientos, argumentando supuestos movimientos irregulares, aun cuando los hechos datan de hace más de dos décadas.
Al no poder acreditar los presuntos fraudes, ministerios públicos y jueces comenzaron a investigar a los litigantes por operaciones con recursos de procedencia ilícita, un delito de competencia federal y no del fuero común.
Bajo esta acusación, el abogado Joel Marín García fue detenido y consignado ante un tribunal local.
“El uso de documento falso, fraude… todos esos delitos se encuentran prescritos. Están pretendiendo orquestar ahora acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son competencia de la Federación; sin embargo, los están investigando en el fuero local. Nosotros apelamos a que la FGR atraiga el caso e investigue no solo los delitos, sino toda esta red de corrupción”, refirió Cristian González Puig, uno de los defensores.
En las denuncias se señala directamente a la subfiscal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, y al coordinador general jurídico del Gobierno estatal, José Gabriel Camarena Morales, como presuntos responsables de orquestar expedientes y operativos que derivaron en los despojos.
Los primeros aseguramientos ocurrieron desde el año pasado en los municipios de Bahía de Banderas y Bucerías, donde los propietarios entregaron documentación legal —escrituras públicas, comprobantes de pago de impuestos y transacciones— que acreditaba la posesión legítima de los bienes.
Este martes se lleva a cabo una audiencia en un juzgado de Bucerías para que un juez local determine la situación jurídica del abogado Marín García.
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