APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En México el Estado sigue soñando con convertirse en un Big Brother: omnipresente, omnisciente y, por supuesto, incuestionable.
Ahora lo intenta a través de una reforma fiscal que, bajo el disfraz de modernización y combate a la evasión, abre la puerta a una forma de vigilancia sin precedentes sobre la vida digital de millones de ciudadanos.
Hace días el Congreso de la Unión avaló una reforma al Código Fiscal de la Federación. El nuevo “Artículo 30-B” —ese que permitirá al SAT acceder en tiempo real a los sistemas y registros de plataformas digitales— es una pieza legislativa que bien podría haber salido de la imaginación de Orwell, no de un Congreso democrático. Lo presentan como un avance tecnológico; en realidad, es un salto hacia un Estado que ya no sólo recauda impuestos, sino también información, hábitos y hasta comportamientos.
No hay duda de que la evasión fiscal y las empresas fantasma son males que deben combatirse, no podría estar en contra de eso nunca, pues creo que todos debemos tributar por el bien común de México.
Pero cuando las herramientas para hacerlo comprometen derechos fundamentales —como la privacidad, el debido proceso o la presunción de inocencia—, el remedio termina siendo más peligroso que la enfermedad.
El discurso oficial es predecible: “no tienen nada que temer los que cumplen”. Pero esa frase, tan vieja como autoritaria, siempre ha sido el preludio de los abusos. Porque cuando el gobierno decide quién “cumple” y quién “no”, la ley deja de ser un límite y se convierte en un instrumento. Y el SAT, en un brazo extendido del poder político.
¿De verdad creemos que la mejor manera de combatir a los grandes defraudadores es espiar a los pequeños contribuyentes, a los usuarios de plataformas o a los jóvenes que venden por internet? Lo más probable es que los grandes, como siempre, encuentren el modo de evadir; y que los pequeños, como siempre, sean los primeros en sentir el peso de una fiscalización sin rostro y sin contrapesos.
La reforma aprobada en San Lázaro no es menor. Permite al fisco negar registros, suspender sellos digitales, practicar visitas exprés y acceder a información sin mediación judicial. Y todo ello en nombre de una causa que nadie discute —la recaudación justa— pero que se ejecuta sin la mínima garantía de equilibrio.
Lo que está en juego no es un tema técnico ni fiscal: parece más político. Porque un Estado que vigila todo lo que compras, consumes o contratas, es también un Estado que puede usar esa información para premiar o castigar, para cooptar o intimidar. La tentación del control total es demasiado grande para cualquier poder.
En el Congreso, el debate fue tan polarizado como revelador. El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, no dudó en llamar a esta reforma lo que muchos piensan en voz baja: un Código Fiscal espía, confiscatorio, de terrorismo. Denunció que no combate ni a las factureras ni a los huachicoleros, sino que criminaliza a los contribuyentes comunes.
Y su advertencia fue directa: “Obliga a las plataformas digitales a dar acceso irrestricto a toda la información personal de compradores, vendedores y usuarios. Para husmear en tu vida personal, para conocer tus movimientos comerciales, tus compras, tus preferencias, incluso tu geolocalización en el momento en que entras a cada una de esas plataformas.”
Del otro lado, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar defendió la reforma con la serenidad del tecnócrata que asegura que nada cambia: “No hay vigilancia, sólo queremos que todos declaren ingresos y gastos”, dijo. Según su versión, lo aprobado no es espionaje, sino cumplimiento de una obligación fiscal elemental.
La diferencia entre ambos discursos retrata el dilema de fondo: ¿qué tanto control puede ejercer el Estado sobre la vida digital sin vulnerar derechos? ¿Y quién garantiza que esas facultades no terminen usadas con fines políticos, persecutorios o de control social?
Porque si algo ha demostrado nuestra historia reciente es que la vigilancia rara vez se detiene donde promete hacerlo. Siempre empieza por los “malos”, pero termina tocando a los que incomodan.
México avanza hacia un modelo en el que la fiscalización se confunde con la vigilancia, y la legalidad con la obediencia. En abril de 2026, cuando el SAT entre de lleno a los sistemas de las plataformas digitales, quizá descubramos que el problema no era la evasión, sino la sumisión.
Y entonces, quizás cuando miremos hacia atrás, nos demos cuenta de que mientras creíamos estar construyendo un Estado moderno, lo que realmente estábamos edificando era un Estado vigilante.
