ESPUMA DE MAR
Por: Mariana Lizett PÉREZ OCHOA
El puerto actual de Manzanillo es uno de los más importantes de México y concentra un enorme movimiento comercial. Solo en 2025, la Aduana de Manzanillo recaudó más de 119 mil millones de pesos en 9 meses, concentrando el 28.7% de los impuestos cobrados en todos los puertos marítimos del país.
Sin embargo, la mayor parte de los ingresos aduanales se concentran a nivel federal y lo que queda en la entidad es un panorama muy distinto: contaminación, tráfico, presión sobre los servicios públicos, desigualdad urbana y un costo ambiental creciente.
En días recientes se abrió la consulta pública sobre el proyecto de “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán”. Mientras que se espera que podría generar algunos impactos positivos a nivel regional, como aumento del empleo, del turismo y de crecimiento económico, el proyecto tendrá consecuencias negativas aún más impactantes en otros ámbitos.
La Laguna de Cuyutlán es un ecosistema frágil con manglares, aves migratorias y especies marinas. Un nuevo puerto generaría destrucción de hábitat, contaminación del agua y del aire, además de riesgos para la salud de las comunidades cercanas por incremento de emisiones y tráfico pesado. Sumado a ello, organizaciones advierten que el dragado, la remoción de islas y construcción de nuevos canales afectarán gravemente manglares, salineras, biodiversidad y la calidad del agua en un ecosistema de por sí ya vulnerable.
Por otro lado, se agravarán las condiciones sociales. Veremos el deterioro cultural y la amenaza a derechos humanos fundamentales, especialmente de quienes viven en la zona urbana de Manzanillo, como el derecho a un medio ambiente sano y a un empleo digno. En suma, el desplazamiento forzado de comunidades será más frecuente, así como la alteración del tejido social, especialmente de salineros y pescadores.
Además del costo ambiental social, está la realidad que vivimos todos los días en nuestras carreteras. El tránsito constante de transporte portuario no sólo deteriora la infraestructura vial, sino que también provoca accidentes graves de manera frecuente, muchos de ellos con consecuencias fatales. La saturación de estas vías es un recordatorio claro de que la expansión portuaria no ha venido acompañada de la planeación urbana y carretera que se requiere para proteger a la ciudadanía.
La experiencia de Manzanillo muestra que el crecimiento portuario no ha ido acompañado de una planeación urbana justa. Aunque el puerto actual genera ingresos altísimos, la mayoría de los recursos se concentran a nivel federal y no se traducen en inversión pública local. En la práctica, los beneficios no llegan a la ciudadanía de Colima en la misma proporción que los costos ambientales y sociales.
El proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán” volvió a ingresar a evaluación ambiental ante la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Cuando un proyecto de este tipo se somete a evaluación, se presenta un documento llamado MIA (Manifestación de Impacto Ambiental). La primera vez lo retiraron, pero ahora ya se volvió a presentar.
La MIA es un documento técnico que deben presentar las empresas, dependencias o personas que quieren realizar obras o proyectos que puedan causar impactos al medio ambiente, como en este caso, el Puerto Nuevo.
Una vez que la MIA se presenta, la consulta pública es el siguiente paso en el proceso de evaluación. Esta etapa permite que la ciudadanía, las comunidades locales, organizaciones ambientales y cualquier persona interesada, revise el estudio y exprese sus opiniones, preocupaciones o propuestas de mitigación. La consulta permite que como sociedad participemos, donde se puede influir en las decisiones que afectan el entorno natural y la calidad de vida.
La importancia de difundir la MIA del Nuevo Puerto —que, por cierto, consta de más de 1,200 páginas— en un lenguaje menos técnico y más accesible para todas las personas, radica en que la participación ciudadana en la consulta pública es nuestro único mecanismo para expresar preocupaciones y opiniones como sociedad en este proyecto.
Acceder a la información nos permite cuestionar decisiones, exigir mitigaciones efectivas y supervisar que los compromisos se cumplan. El lenguaje claro y accesible empodera a la sociedad para proponer soluciones medidas de mitigación, exigiendo y presionando por alternativas más sostenibles.
Por ello insistamos: ¿a quién beneficia el nuevo puerto? Creo que no será a los colimenses.
