Ciudad de México.– Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma al marco legal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha generado fuertes críticas por abrir la puerta al acceso gubernamental, sin orden judicial, a bases de datos tanto públicas como privadas, con el simple argumento de fortalecer la persecución de un delito.
Durante el proceso legislativo, el dictamen sufrió cambios sustanciales de última hora, presentados como mejoras por la mayoría, pero calificados por la oposición como una maniobra para disfrazar un intento de concentración del poder.
Aunque se eliminó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil —uno de los puntos más controvertidos—, se mantuvo la facultad para que las autoridades accedan sin control judicial a información confidencial.
La iniciativa fue respaldada por 445 legisladores de Morena, PT, PVEM, MC y PAN, mientras que 37 diputados del PRI votaron en contra. La reforma ha sido apodada por críticos como la “Ley Espía”, debido al nivel de control y vigilancia que, advierten, otorga al Ejecutivo federal.
Además, se eliminó la cláusula que establecía la naturaleza civil de la seguridad pública y se otorgaron mayores atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluida la posibilidad de suspender recursos federales a estados y municipios que incumplan sus compromisos en la materia.
Desde el inicio del debate, el PRI y Movimiento Ciudadano intentaron frenar la votación mediante mociones suspensivas, que fueron desechadas por la mayoría. La diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu, denunció que las modificaciones introducidas no cambiaban el fondo del problema: “Persisten los riesgos de centralización del poder y de violación a la privacidad ciudadana”.
Por su parte, Jessica Saiden, legisladora de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, defendió el dictamen argumentando que la nueva ley no busca espiar, sino cerrar brechas que permiten la actuación impune de criminales: “No es espionaje, es una herramienta técnica y ética para enfrentar al crimen organizado”, aseguró desde tribuna.
El PAN, aunque mostró su rechazo al posible uso autoritario de la ley, terminó votando a favor en lo general, justificando su postura en los beneficios que podría traer a instituciones civiles de seguridad, como el bloqueo de señal en cárceles.
Aun así, sus legisladores exhibieron pancartas con la leyenda “Ley Espía” y denunciaron que se estaba legalizando el uso de herramientas intrusivas contra la población.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, condenó la forma en que se aprobó el nuevo articulado, acusando que los cambios fueron subidos de madrugada y sin tiempo para un análisis serio: “Lo que se aprobó no fue una reforma, fue una nueva ley completa que representa un retroceso democrático y un avance del Estado vigilante”, dijo.
La reforma será discutida próximamente en el Senado, donde ya se anticipa un nuevo choque entre oficialismo y oposición.
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