APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Por más blindaje político, mediático o institucional que se pretenda construir desde el poder, hay algo que ningún gobierno puede controlar del todo: la mirada externa. Y en el caso de México, esa mirada ha llegado inevitablemente, desde Estados Unidos.
En los últimos días, el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, se convirtió en un punto de tensión no menor para el reciente gobierno federal de Claudia Sheinbaum.
La cancelación de la visa estadounidense de Ávila y su esposo, Carlos Torres, ha encendido las alertas no solo por lo inédito de la medida, sino por lo que representa: un golpe simbólico y real a la idea de que algunos o casi todos los personajes del régimen eran intocables.
La presidenta intentó contener el daño. En su conferencia matutina, respaldó a la gobernadora con base en su palabra. «Nos dijo que no tiene cuentas en el extranjero», dijo Sheinbaum, negando cualquier congelamiento de activos, mientras acusaba a los medios de difundir información no verificada.
Sin embargo, esa confianza ciega comienza a resquebrajarse frente a los silencios oficiales de Washington, donde las autoridades se han limitado a decir que se trata de un asunto «privado y confidencial».
En este contexto, la presión política crece desde varios frentes. El PAN exige explicaciones claras: ¿hay una relación entre esta decisión y las investigaciones sobre actividades ilícitas? ¿Está involucrado el esposo de la gobernadora, como señalan versiones internas de Morena? ¿Cuál es el alcance real del señalamiento?
Si bien no hay acusaciones formales, la señal ya fue enviada.
La embajada no actúa al azar. El hecho de que esta sea la primera funcionaria de alto nivel en México a la que se le retira la visa coloca al gobierno en una situación incómoda, en especial cuando la propia Marina del Pilar reconoce tener una propiedad en California y cuando sus hijos, nacidos en territorio estadounidense, podrían verse afectados por esta medida.
Pero más allá del caso específico, lo que esto revela es un nuevo patrón de presión de Estados Unidos sobre México. Ya no es solo la amenaza arancelaria o la exigencia migratoria. Ahora es el foco sobre figuras políticas vinculadas, directa o indirectamente, a posibles tramas de corrupción o crimen organizado.
Para una clase política que se ha acostumbrado a la impunidad interna y al respaldo automático del régimen casi a ultranza , esto representa un golpe de realidad. Porque mientras en México se puede encubrir, justificar o minimizar, en Estados Unidos basta una sospecha bien documentada para cerrarles la puerta de entrada —y quizá algo más—.
Claudia Sheinbaum comienza su sexenio enfrentando un dilema incómodo: ¿proteger a los suyos sin preguntar demasiado o abrir la puerta a una rendición de cuentas real que podría incomodar a más de uno dentro de su propio partido?
Quizás sea el momento indicado para que la Ejecutivo federal comience a desmarcarse de algunas figuras importantes de su partido, que no son de su grupo y menos tiene el contexto individual de sus acciones. Porque si lo que busca es proteger la marca (Morena) puede que descuide su gobierno y legado político.
La realidad es que después de este aviso de Washington, la clase política que se sentía intocable ya vio que hay límites. Y esta vez, no los pone México.
