Colima.- El secretario del Ayuntamiento de Colima, Ricardo Alfaro de Anda, explicó en entrevista con los medios que la posición del gobierno municipal en el tema de la construcción de un nuevo centro comercial en la Av. Venustiano Carranza y Av. de los Maestros ha sido de estricto apego a la legalidad.
Explicó que el derribo de los árboles que realizó la empresa cuenta con permiso de la autoridad porque así lo establece el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, en su artículo 91, Fracción I, en donde señala que la Autoridad Ambiental Municipal está facultada para otorgar permisos y autorizaciones para el derribo de la flora urbana y su justificación está basada en que no es un área decretada de conservación ecológica de valor ambiental.
“Se trata de un predio de propiedad privada, cuya zonificación primaria lo clasifica en el Programa Regional como Área Urbana, cuyo uso es compatible al de un centro comercial, según los artículos 25, 29 y 68 del Reglamento de Zonificación del Municipio, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano.
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Aclaró que el permiso de derribo de árboles además fue en el marco de medidas compensatorias, “se sembrarán en promedio 3 árboles por 1 derribado, además de que la empresa logró trasplantar 9 árboles de gran valía a otra zona de la ciudad”, expresó.
Expuso que la legalidad del permiso es contundente y está sujeto al marco del respeto del estado de derecho para el desarrollo urbano de la ciudad y en ningún momento hubo violación a disposiciones normativas en materia de ecología o medio ambiente.
“Los funcionarios públicos podemos estar de acuerdo o no con las leyes y los reglamentos, pero esa será nuestra opinión, porque nuestro deber es cumplir con la ley y en este caso así se hizo”, detalló.
Por su parte, la directora de Ecología, Norma Gómez Santana, negó que se haya engañado a las asociaciones ambientalistas como lo afirmó Jesús Cárdenas Sánchez, quien incluso no asistió a la reunión que se llevó a cabo entre los ambientalistas y el municipio.
Explicó que la reunión con las asociaciones fue únicamente para informarles que existía la solicitud de permiso por parte de la empresa y las medidas de compensación ambiental que se llevarían a cabo, para que estuvieran enterados de lo que sucedería, antes de que iniciara el derribo.
“Aunque la ley no nos obliga, por convicción quisimos informarles que la ley faculta a los empresarios para realizar el derribo de los árboles, de ahí que los convocamos a reunión en donde hubo representantes de algunas asociaciones, entre ellos Juan Oseguera, en representación de Pro Árbol, a quien le informamos tanto la situación legal del predio como las acciones de mitigación de impacto ambiental que se realizarían”, afirmó la funcionaria municipal.
Finalmente, cuestionada sobre la diferencia entre este tema y el del derribo de parotas en el predio donde se construye Colinas de Santa Fe, reveló que la constructora Ardica no solicitó los permisos correspondientes y tampoco preveía acciones de mitigación al impacto ambiental, de ahí que se actuó legalmente en contra de ella, pero en este caso, los empresarios sí cumplieron con los requisitos de ley y contemplaron acciones de reforestación.
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