El presidente mexicano, Felipe Calderón, fue demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por ser responsable de la crisis humanitaria en la que se cometen «tanto crímenes de guerra como de lesa humanidad» todos los días en el país, según cita el documento de la denuncia.
La querella, presentada por el abogado mexicano Netzai Sandoval, fue recibida este viernes en la oficina del fiscal Luis Moreno Ocampo a las 13:00 de Holanda (08:00 horas en la Ciudad de México), con un documento de 700 cuartillas en el que los denunciantes presentan supuestas pruebas de las “violaciones sistemáticas y generalizadas” a derechos humanos en el país.
“No es una denuncia por una buena o mala política antinarcóticos. No queremos que la Corte nos diga si Felipe Calderón es un gran presidente. Lo que estamos denunciando son las conductas que se están volviendo sistemáticas en el Ejército y fuerzas armadas como violaciones, desapariciones forzadas, asesinato de civiles y el encubrimiento de esos asesinatos. Una serie preocupante de violaciones al derecho internacional humanitario que responden a una responsabilidad directa de Felipe Calderón”, explicó Netzai Sandoval en entrevista con CNNMéxico.
La demanda ante el máximo tribunal internacional de La Haya también es contra los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de la Marina Armada de México, Francisco Saynez Méndez, y contra el líder del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán, por su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se comenten en México, según el documento presentado este viernes.
La denuncia fue firmada por 18,700 mexicanos en su versión en línea y, según Netzai Sandoval, por 5,000 más de forma autógrafa.
Entre los firmantes se encuentran intelectuales, periodistas y defensores de derechos humanos como John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Patricia Galeana, de la Facultad de Filosofía y Letras; los comunicadores Epigmenio Ibarra y SanJuana Martínez, y el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo.
Para la cita de este viernes con Moreno Ocampo, el abogado presentó 470 casos de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, cometidos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir al crimen organizado.
La demanda apelará el artículo 28 del Estatuto de Roma –tratado ratificado por México en 2005– que indica que “el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando”.
“Ese artículo establece que los jefes y mandos de Estado no solamente deben abstenerse de dar órdenes que impliquen violar el derecho internacional humanitario, sino instalar controles efectivos sobre sus cuerpos armados para impedirles cometer violaciones. Si los subordinados violan esos derechos, tienen que ser sancionados y eso no ocurre en México”, dijo Sandoval.
Los crímenes ante la Corte Penal Internacional
Para Iliana Rodríguez, profesora investigadora experta en derecho internacional en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, será difícil que los denunciantes prueben que en México se comete alguno de los crímenes sobre los que el tribunal de La Haya tiene jurisdicción: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.
“No es posible hablar de genocidio, los asesinatos no obedecen a un odio contra un grupo nacional, étnico, religioso o de carácter racial”, explicó.
“Tampoco podemos hablar de crímenes de guerra. Para la Corte, éstos ocurren en un escenario de conflicto armado entre dos fuerzas, que es reconocido por la comunidad internacional, lo que no ocurre en México”.
En el caso de los crímenes de lesa humanidad, los denunciantes deberán probar que las autoridades demandadas emiten órdenes directas para que las fuerzas armadas incurran en violaciones a los derechos humanos.
“Hay crimen contra la humanidad cuando hay un ataque generalizado sistemático contra la población civil. Por un lado, es complicado calificarlo de sistemático si vemos que hay 32 entidades federativas y en algunas, la violencia es mucho más fuerte que en otras y ésta actúa de manera atípica y errática. Pero además, se debe probar que hubo una instrucción para cometer esas violaciones y que antes había conocimiento previo de que ocurrirían”, explicó a CNNMéxico la catedrática.
“Todo indica que más que una situación de carácter legal (la denuncia) es un mecanismo de carácter moral, es traer a cuenta a los actores internacionales como observadores de lo que está pasando en el país. El caso tiene pocas probabilidades de pasar el filtro para realizar una investigación”.
Tras recibir la querella, la CPI deberá realizar un examen preliminar y decidir si la acepta, con lo que se iniciaría una investigación. Esto ocurrirá después de indagar si los crímenes denunciados no han sido debidamente investigados en instancias nacionales.
La respuesta del gobierno
Cuando la denuncia se hizo pública, en octubre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en un comunicado que la política de seguridad del Estado mexicano no constituye un crimen internacional.
“En nuestro país, la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho”, indicó entonces la Cancillería.
Ninguna otra autoridad federal se ha referido a la denuncia ni estuvo disponible para hacer comentarios.
El abogado Netzai Sandoval aseguró que la resolución de la demanda podría tardar más de un año, una vez que la Corte decida si el caso merece una investigación.
Con información de CNN
