Guatemala.- Javier Duarte de Ochoa mantuvo su intención de allanarse a proceso de extradición, con relación a los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita imputados en su contra.
“No cometí tales delitos y es mi deseo demostrarlo ante las autoridades de mi país”.
Con esto el Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala determinará la fecha en que se extraditará a Duarte a México.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Guatemala leyó las 19 pruebas presentadas por el gobierno mexicano para solicitar la extradición, además señaló que los delitos contra Duarte cumplen con los requisitos del tratado existente entre ambas naciones.
El fiscal también consideró la existencia de una doble incriminación, pues ambos delitos son figuras delictivas penalizadas en Guatemala: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de la hacienda pública de México.
Entre las pruebas presentadas por el gobierno mexicano destacan la compra –venta falsa de terrenos para hacerse de recursos públicos, compra de yates, departamentos y parcelas del ejido Lerma, en Campeche.
Cabe destacar que el ex gobernador de Veracruz no tiene crímenes en Guatemala, por lo que la fiscalía determinó que no existen trámites o procesos pendientes que impidan la extradición.
El fiscal dijo que las pruebas presentadas que solicitan la extradición “se considera que sí son pertinentes y útiles para considerar que existe una probabilidad del hoy requerido en los hechos que hoy se le indica”.
Defensa
Carlos Israel Velásquez, abogado de Javier Duarte, sostuvo que las acusaciones contenidas en la solicitud no logran demostrar el momento del vínculo o la causalidad del defendido en los delitos imputados.
“En ningún momento el Ministerio Público señaló donde se encuentran los registros que generen que las parcelas (de Lerma) estuvieron o están a nombre de Duarte, considerando que no fueron incluidos dentro de la solicitud de extradición”.
El abogado insistió que las pruebas expuestas no determinan que Duarte haya liderado o participado en la red de corrupción que fue sugerida en la solicitud.
Inclusive, previo a la audiencia, el abogado declaró que las acusaciones del Gobierno de México son “una rivalidad y una persecución política”, que intenta vincular al ex gobernador con personas con las que no tiene relación.
“Tratan de darle el matiz de desviar fondo y de compra de propiedades, pero las personas que aparecen, no tienen ninguna relación con él.”
Audiencia pasada
El pasado 27 de junio durante su segunda audiencia Duarte se allanó a proceso al aceptar su extradición para continuar su defensa desde territorio nacional.
Duarte tiene acusaciones estatales y federales en su contra.
En la primera audiencia se hizo de su conocimiento los delitos federales que se le imputan, mientras que en la segunda audiencia le informaron los cargos que presenta la Fiscalía de Veracruz en su contra.
El estado de Veracruz emitió dos órdenes de aprensión en su contra, una por incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, otra por abuso de autoridad, peculado, coalición y las anteriores.
Por su parte, la PGR acusa al ex gobernador de su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.
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