Colima.- En su primer informe de labores al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Colima, correspondiente al 2016, Sabino Hermilo Flores Arias, señaló en uno de sus puntos, el clima de inseguridad que atraviesa el estado que ha afectado – dijo – la calidad de vida de sus ciudadanos.
“Los altos índices de homicidios dolosos que nos sitúan como la entidad más violenta del país, transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho”.
Sin embargo, en la sesión realizada en el Congreso del Estado, el Ombudsman estatal reconoció el trabajo del Gobierno del Estado en su búsqueda por combatir la inseguridad.
“Gran parte de la sociedad se encuentra desesperanzada, cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones, aunado a una percepción generalizada sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, debilita nuestras instituciones democráticas y dividen a la sociedad”.
Las principales recomendaciones del año anterior se enfocaron a la protección de los derechos de niñas y niños para vivir en un ambiente libre de violencia. Esto en referencia a las corridas de toros que se realizan en Villa de Álvarez.
También se enfocaron a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada, luego de que se presentara una queja por la vulnerabilidad de los mismos.
Flores Arias aseguró que la Comisión no defiende a “delincuentes” ni propicia la impunidad y llamó atender con mayor energía el problema que representa la inseguridad.
“Deben investigarse a fondo todos los actos de corrupción al interior de las corporaciones policiacas, y ser atendidas las demandas de mejoramiento de las condiciones de equipamiento, capacitación y jornadas de servicio que les permita brindar los mejores resultados”.
Informó que durante el 2016 las quejas por violaciones a los derechos humanos se redujeron en 25 por ciento conforme al 2015 y lamentó que en los últimos siete años no se ha incrementado el presupuesto para el organismo defensor de los derechos humanos, subrayando que esto pone en riesgo el promocionar y aplicar acciones de defensa en zonas lejanas del estado.
Durante el año anterior, se informó, fueron atendidas 140 solicitudes de información, se realizaron diversas diligencias en centros penitenciarios y se recibieron 451 quejas, emitiendo 10 recomendaciones y una general a diferentes entidades gubernamentales, entre ellas, cuatro para la Procuraduría General de Justicia, dos para la Secretaría de Seguridad Pública y una para la exconsejera del Instituto Electoral del Estado.
Por su parte, José Ignacio Peralta, gobernador del Estado, reconoció que existen “retos pendientes”, pero afirmó que se seguirá consolidando la protección de los derechos humanos.
“Es una materia que no admite descuidos, debemos mantenernos atentos y dispuestos a reconocer los riesgos para adoptar medidas pertinentes de forma oportuna”
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