Para proteger e impulsar las empresas colimenses, el Congreso del Estado determinó que los ayuntamientos de la entidad y el gobierno del estado prefieran a los proveedores locales de los foráneos, aumentado del 5 al 7 por ciento el diferencial en costo ofrecido por los empresarios de Colima.
En votación unánime, los diputados locales reformaron el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, la cual busca colocar en mejores condiciones de competencia al empresariado local, pero cuidando que el incremento en los diferenciales de precio a su favor no afecte ni ponga en riesgo las finanzas de las entidades del gobierno estatal y municipal en la adquisición de bienes y contratación de servicios.
Es así que la reforma legal aprobada establece que la aplicación del derecho de preferencia a los proveedores de bienes y servicios de la administración estatal y las municipales, estará condicionada a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal correspondiente.
José Manuel Romero Coello, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, presentó el dictamen a favor de la reforma, recordando que la iniciativa surgió de los diputados del PRI, el del PT y los del Partido Nueva Alianza, buscando impulsar a las empresas que cuenten con el certificado de “Empresa Colimense” que emite la Secretaría de Fomento Económico a compañías que lo soliciten y cuyo domicilio fiscal se encuentre en territorio de Colima.
En la iniciativa, los diputados consideran que la reforma tiene el firme propósito de proteger e impulsar a las empresas e inversionistas colimenses, colocándolos en mejores condiciones de competencia.
A juicio de la Comisión dictaminadora, el incremento aprobado es moderado y viable el cual implicaría una serie de beneficios y ventajas, pues al sector empresarial se le ubicaría en mejores condiciones de competitividad respecto de las empresas foráneas ubicadas en el territorio estatal, redundando en el fortalecimiento de la economía local y contribuyendo con ello al crecimiento y desarrollo del comercio interno en la entidad, permitiendo la apertura de nuevas y mejores oportunidades laborales para la población.
El dictamen considera también el desechamiento de una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones del Estado presentada en la anterior legislatura por el diputado Pedro Peralta Rivas, del PAN, que planteaba incrementar el diferencial del cinco al doce por ciento, aumento considerado inviable por la Comisión de Estudios Legislativos, en virtud de que ese porcentaje obligaría al Gobierno del Estado y los ayuntamientos a adquirir artículos y servicios a un precio excesivamente mayor al que rige en el mercado.
