Coahuayana.- Integrantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán, pidieron al gobierno del estado y Federación, parar el hostigamiento judicial en contra de los ciudadanos que brindan la seguridad estas comunidades.
Este lunes al medio día, representantes de comunidades indígenas de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Tepalcatepec, denunciaron que los ciudadanos que fueron nombrados por las propias comunidades para brindarles la seguridad que no recibían del gobierno 3 años atrás, ahora están siendo perseguidos por la Procuraduría General de la República y Procuraduría estatal.
Los ciudadanos señalaron que cuando finalmente tienen paz y seguridad en esta zona que anteriormente era castigada por el crimen organizado, el gobierno quiere regresar con el Mando Único.
Este Consejo se conformó el pasado 9 de noviembre, tras los intentos del gobierno por eliminar judicialmente a los ciudadanos que brindan seguridad en la zona.
De acuerdo a los integrantes de este Consejo, el cual señalaron no tiene un líder, quienes brindan la seguridad en estos municipios, son habitantes de las comunidades que fueron víctimas del crimen organizado en diferentes delitos.
Por ello señalan que cuentan con todo el respaldo y confianza de los habitantes por considerar que nunca serán traicionados como sucedía con la policía estatal y con los militares.
Los ciudadanos que estarían siendo hostigados judicialmente para que dejen de brindar seguridad a estas comunidades son: Cemeí Verdía, Germán Ramírez, Héctor Zepeda, José Arteaga, Rubén Valtazar y Raúl Sapien.
«Todas son personas que se dedican al campo, compañeros que en su momento iniciaron una lucha y que derivado de eso es que tienen estas averiguaciones, carpetas de investigación y ordenes de aprehensión por parte de la PGR», señalaron.
De acuerdo a los integrantes del Consejo que pidieron reservar su nombre por temor a represalias, señalaron que los intereses del gobierno por ejercer la seguridad es basado en la riqueza de la zona y no por la seguridad de las comunidades.
Señalaron que incluso el gobernador del estado, Silvano Aureoles, en una gira por China, ofreció la riqueza minera y turística de la Sierra-Costa de Michoacana donde están ubicadas estas comunidades.
«Pareciera que es mejor tengan el control los diferentes grupos criminales, organizaciones delincuenciales. Incluso a nuestros compañeros los comparar con los criminales, pero no es así, nuestro compañeros perseguidos tienen el respaldo de toda la ciudadanía», dijo Ebenezes.
En el acto, lanzaron la pregunta al gobierno,»¿cuál es la ofensa que le hacemos al país? al darnos la seguridad que no nos has dado por mandato de Ley?.
Afirmaron que sus actos están apegados y permitidos por la Constitución.
Evaristo Dominguez, Presidente de Bienes Comunales de Santa María de Ostula, explicó que la confianza del pueblo para con sus comandantes que les dan vigilancia viene de empatía por haber sufrido asesinatos en su familia a manos del crimen organizado.
«Son personas que sufrieron mucho, porque les mataron a su padre, a sus hermanos, a su hijos, y en especial a la comunidad a la que pertenezco, nos han matado (el crimen organizado) más de 30 comuneros y seis desparecidos», dijo.
«Estas cinco comunidades del cual se formó este Consejo Ciudadano, le tenemos confianza a estos comandantes (ciudadanos) que encabezan la seguridad en esta región, y les tenemos está confianza por esta razón por lo que han sufrido. Ya van más de tres años que encabezan la seguridad y nunca hemos sabido que no han traicionado».
Dominguez señala que en el Artículo 39 de la Constitución fundamentan sus acciones para organizarse.
«No estamos fuera de la Ley, queremos decirle al gobierno. Lo que no está cumpliendo el gobierno es eso, no nos está protegiendo, nos pisotea, nos destruye. Queremos invitar a todos los pueblos que están a favor de la justicia, se unan a este Consejo para tener más fuerza y demostrarle al gobierno que cuando el pueblo se une ahí está la fuerza y porque tenemos derecho de hacerlo, no estamos fuera de la Ley», señaló.
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