Seguridad reto para los tres órdenes de gobierno: Gobernador de Colima

Colima.- Las Constituciones federal y estatal establecen que la seguridad es competencia de la federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que es un reto para los tres niveles, así lo señaló el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al comparecer este día en el Congreso del Estado para ampliar el contenido del Tercer Informe de Gobierno.

Refirió que la Constitución Federal, en su artículo 21, octavo párrafo, expresa: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva…”

Mencionó que este enunciado se reproduce en la Constitución de la entidad, en el artículo 10, tercer párrafo.

“Se trata del gran desafío de política pública del presente y hacia los siguientes años”.

Destacó que por su importancia, este tema requiere de una visión cuidadosa.

“Resulta deleznable, por decir lo menos, que se intente politizar y aprovechar con egoísmo una circunstancia trágica, que requiere la más alta seriedad”.

El mandatario estatal comentó que detrás de cada homicidio existe dolor humano y familias desintegradas.

Por lo que asumió la responsabilidad Constitucional que le corresponde, pero se requiere la plena coordinación con los otros órdenes de gobierno en el marco de la Ley.

Dijo que en fechas recientes se dio cumplimiento a la creación de la Fiscalía General del Estado, que sustituye a la Procuraduría General de Justicia.

“El proceso otorga autonomía a la nueva institución, en una responsabilidad compartida entre el ámbito legislativo y el Ejecutivo”.

Informó que entre febrero de 2016 a julio del 2018, se recibieron más de 90 mil denuncias o querellas.

En el sistema tradicional de justicia penal, se atendieron más de 23 mil expedientes.

Fueron atendidas 443 órdenes de aprehensión, de las cuales 425 fueron ejecutadas y 18 quedaron sin efecto.

A través del modelo de soluciones alternas, en 2016 se trataron 627 asuntos, en 2017 fueron mil 284 y en lo que va del 2018 ya se cuentan mil 560, que suman 3 mil 471, de los cuales el 44 por ciento derivaron en acuerdo.

Al 2018, la eficiencia en la resolución de delitos es la siguiente:

  • 36% en homicidio doloso
  • 50% en secuestro
  • 56% en robo a casa habitación
  • 66% en robo de vehículos
  • 36% en robo a comercio con violencia
  • 37% en robo a comercio sin violencia
  • 80% en delitos contra la salud
  • 100% en extorsión

El mandatario estatal señaló que estos datos corresponden a los delitos denunciados, pero existe una cifra oscura correspondiente a los hechos delictivos que no son denunciados y que por ello no pueden ser considerados desde la perspectiva estadística o ser objeto de atención institucional.

“No quisiera concluir con esta relación sin una referencia al reto de la seguridad pública, más aún considerando el penoso homicidio de la directora y el subdirector de seguridad pública del gobierno municipal de Armería, del cual esperamos pronto esclarecimiento”.

En tareas de seguridad, informó que tan sólo durante 2018 se realizaron 982 operativos interinstitucionales, 30 de fuerzas municipales y 182 de fuerzas estatales.

“Al cierre de octubre es posible determinar una reducción del número de homicidios con relación al año anterior, en 2017 la entidad registró 817 y al corte de este mes se registran 624”.

Señaló que no está satisfecho con los resultado, pero se está luchando por resolver este dilema, por lograr mejores resultados y por cerrar los espacios a la acción de los grupos criminales que actúan en la entidad.

El mandatario colimense resaltó que los homicidios dolosos del fuero común en la entidad representan la misma incidencia desde hace dos décadas.

“Los homicidios que han crecido son los del fuero federal, se trata de delitos generados por la operación de grupos delictivos vinculados al tráfico de sustancias ilegales”.

Tan sólo en este año, 598 de los homicidios registrados corresponden al ámbito federal de la delincuencia organizada y tan sólo 26 al fuero común, que es el ámbito estatal.

“Nos enfrentamos a una presión externa motivada por un fenómeno que escapa a las fronteras estatales y del que estamos sufriendo las consecuencias”.

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